La Cámara Federal porteña ordenó seguir investigando si Garré cometió delito al cobrar dos sueldos.
La Cámara Federal porteña revocó por “prematuro” el sobreseimiento de la ex funcionaria kirchnerista Nilda Garré y ordenó profundizar la investigación para determinar si cometió delito al cobrar salario como encargada de un Registro Automotor mientras ocupaba distintos cargos en la administración pública.
La decisión fue de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes revocaron el sobresemiento dictado a Garré por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y le ordenaron realizar nuevas medidas de prueba, según la resolución a la que accedió Télam.
“En atención al marco temporal de la denuncia -que se extendería al día de la fecha inclusive pues la última licencia como Encargada Titular del Registro Seccional n° 57 concedida a Garré lo fue
hasta el 9 de diciembre de 2019-, deviene necesario incorporar las declaraciones juradas patrimoniales faltantes”, advirtieron los jueces.
Además, se dispuso “a la luz de la nueva normativa vigente, determinar cuál es la situación a la fecha”.
Por otra parte, los camaristas remarcaron como “ineludible que se extremen los recaudos con miras a determinar objetivamente de qué forma se instrumentaron los pagos de emolumentos a la nombrada y por qué montos”.
También, ordenaron al juez que pida informes a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios para precisar “las condiciones y los alcances de su facultad de intervención en los casos de licencia prolongada, especificando particularmente los motivos por los cuales la nombrada fue designada interventora de otro Registro Seccional entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 1991”.
La denuncia penal fue presentada el 3 de julio de 2013 por los entonces senadores Gerardo Morales, José Cano, Luis Petcoff Naidenoff y Alfredo Martínez.
Los legisladores advirtieron que, al elevarse el 31 de mayo de ese año el pliego para designar a Garré como embajadora, se enteraron de “supuestas irregularidades” vinculadas al cobro de salario como encargada del Registro Automotor mientras estuvo de licencia para ocupar distintos cargos públicos.
Además pidieron investigarla por posible “defraudación contra la administración pública en que habría incurrido por la percepción de un beneficio previsional en forma coetánea con la remuneración correspondiente al ejercicio de alguna de las funciones públicas desempeñadas durante el período objeto de análisis”.